Aunque a priori podría afirmarse que nunca estarán de acuerdo aunque digan lo mismo, oficialismo y oposición presentaron proyectos que comparten una misma preocupación: poner freno a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Dos de estas iniciativas son para la sanción de una ley, otra, más modesta consiste un pedido de informes al Ejecutivo. Se trata de un proyecto de la diputada puntana Ivana Bianchi que pide conocer la cantidad de de propiedades que se encuentran a nombre de personas físicas o jurídicas extranjeras en las zonas de frontera o estratégicas.

Pero los dos proyectos de ley en danza, presentado durante la primera semana del periodo parlamentario que comenzó el 1 de marzo, tienen como autores a dos representantes de polos opuestos.

El primero en ingresar lleva la firma de la diputada kirchnerista Diana Conti (Buenos Aires). El pasado 2 de marzo la legisladora ingresó en mesa de entradas de la Cámara baja una iniciativa que fue bandera de la FAA desde hace casi una década, poner límites o restricciones para la compra de “tierras rurales” a personas extranjeras.

Lo que está en juego para la diputada K no es poca cosa. Según sus fundamentos habría una superficie de 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros no residentes o apunto de ser adquiridas por capitales foráneos.

“Desde el punto de vista económico y del perfil productivo que requiere el país, las restricciones y limitaciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros persigue evitar la acumulación de grandes extensiones en propiedad de grandes grupos económicos, lo cual favorece la tenencia especulativa y dinamiza un nefasto proceso de exclusión de pequeños y medianos propietarios y productores agropecuarios”, sostiene Conti en un registro que podría ser de cualquier dirigente federado.

Dos días más tarde, el 4 de marzo, el flamante diputado Pablo Orsolini acompañado por otros legisladores todos del bloque radical, y varios del sector agropecuario, presentaron su propio proyecto de ley que pocas semanas antes, Orsolini había anticipado a El Enfiteuta.

La iniciativa, que la FAA propone al Parlamento desde 2002, contiene una extensa lista de casos con los que se busca probar el avance de los capitales extranjeros sobre los inmuebles rurales, hoy sin la protección de una ley que les ponga límites.

“Los hermanos Luciano, Giuliana Gilberto y Carlo Benetton con la compra de mas de 900.000 has que comprenden las Estancias "Pilcañeu", "Alicura", "Lelequen", "El Maiten", "Coronel", "Cóndor"; El ingles Joe Lewis ( ex propietario de Hard Rock Café y socio de Planet Hollywood, junto a Silver Stalone, Bruce Willis y Arnold Schwarzennegger) adquiriendo 18.000 has en la zona de Lago Escondido; la estancia "La Primavera" de 4.400 has adquirida por Ted Turner (propietario de CNN) quien ya suma 55.431 has. en la zona andina”, son algunos de los ejemplos que expone Orsolini.

Pero los hay más impresionantes como la compra en La Rioja de 418.000 hectáreas “con el pueblo de Jagüe en su interior”. O el de una propiedad en la provincia de Catamarca adquirida por una empresa norteamericana con una superficie de 117.000 hectáreas, y “con trescientas familias adentro”.

Pese al “primereo” legislativo de la diputada oficialista Orsolini aclara: “Una campaña nacional llevada adelante por la FAA y otras entidades sociales y gremiales nacionales, en una tarea de propaganda y concientización sobre esta temática, concluyo con casi 60.000 productores que a lo largo y ancho del país firmaron un petitorio de apoyo a este proyecto de ley. Estas firmas fueron entregadas a la Presidencia de la Cámara de Diputados en el año 2003, solicitando el inmediato tratamiento y aprobación del proyecto”.

En rigor de verdad el kirchnerismo jamás impulsó el tratamiento de un proyecto que pusiera freno a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Pese a las presentaciones aisladas de sus diputados de 2003 a la fecha con proyectos de esa naturaleza, nunca lo aprobó una comisión.

Tampoco al radicalismo parece haberlo desvelado la falta de una ley como la que ahora presenta el bloque con la firma de unos cuantos federados que encabeza Orsolini. Pero en este nuevo Congreso todo puede pasar, y habrá que palpitar en comisiones lo que suceda con las iniciativas.

No será Agricultura y Ganadería la que tenga voz en esta temática, pese a que se apunta a defender los inmuebles rurales. Las únicas comisiones que habrán de dictaminar son las de Legislación General, que preside la diputada Vilma Ibarra y la de Asuntos Constitucionales, que comanda la peronista, y ex oficialista, Graciela Camaño.