Hacia 1999 Carlos Menem se encontraba en franca retirada. Ya no podía ser candidato, luego de denodados intentos por arrancar a la ciudadanía y al propio justicialismo un tercer mandato de gobierno.

Su principal adversario y ex socio político, Eduardo Duhalde, lo había obligado a desistir de aquel último intento de “re-reelección” anunciando que convocaría a un plebiscito bonaerense para conocer la voluntad popular en el que se predecía un No rotundo.

Menem aceptó bajarse del poder en diciembre de ese mismo año que debió atravesar con fuertes críticas cuando la situación económica no ocultaba su lado oscuro, fruto de la vulnerabilidad a la que se expuso la Argentina con la convertibilidad al humor siempre cambiante de la globalización.

Ricardo Sidicaro ha publicado en 2002 un minucioso trabajo llamado “Los tres peronismos. Estado y poder económico” en el que analiza las alternativas de gobierno bajo el signo político Justicialista en su primera etapa, 1946/55, en la segunda 1973/76, y en la tercera, o década menemista, 1989/99. Al abordar la última se analiza, entre otras cosas, la relación del gobierno con el empresariado ruralista.

Menem había despertado grandes expectativas en el establishment, incluido el del agronegocio al iniciar su mandato con la designación como ministro de economía a un hombre de la emblemática Bunge y Born, Miguel Roig, quien falleció a menos de una semana de asumir.

Para que no quedaran dudas de la dirección en que apuntaba la designación, el cargo vacante fue ocupado por otro hombre de la misma corporación, Néstor Rapanelli. Los hombres provistos por la emblemática empresa, asumieron para poner en práctica un programa económico avalado por el holding.

Pese al respaldo político y a la rápida sanción de leyes requeridas ―como la privatización de empresas públicas y otras medidas que perseguían reducir el gasto público― ni Rapanelli, ni tampoco su sucesor, Erman González, tuvieron éxito para frenar el epicentro del deterioro económico: la hiperinflación.

Hacia 1991 Domingo Cavallo tomó las riendas del palacio de Hacienda, e instauró el modelo de la convertibilidad que duró una década, extendiéndose más allá del gobierno de Menem, durante el interrumpido mandato de Fernando De La Rúa.

En la exposición ganadera de 1989 realizada a poco de asumir, Menem mandó señales inequívocas a una inquieta tribuna ante el inicio de una nueva etapa peronista. “Llego a este tradicional ámbito palermitano sin perjuicios ideológicos. Llego sin cegueras partidistas. Llego sin intereses facciosos”, aseguró el nuevo presidente.

Con ese mensaje conciliador el primer presidente peronista en el retorno de la democracia indicó que “la desprotección del campo argentino es la más feroz del planeta”. Era hora de “devolver” al sector todo lo que le había quitado un Estado al que Menem calificó como un “ogro filantrópico” que “todo lo invade, que todo lo entorpece y que nada resuelve”.

El finado Álvaro Alsogaray se mostró exultante con las definiciones vertidas por un presidente peronista, luego de 35 años de intentos sin éxito por convencer a la sociedad ya fuera por vía democrática o no, de los beneficios de la libertad de mercado.

Menem hablaba de “Economía popular de mercado” en contraste con la “Economía social de mercado” que impulsaba Alsogaray. “Aun para los menos informados ―escribió poco después el padre de María Julia― esa similitud de nombres y de intenciones con que era establecida, significaba un nuevo y decisivo paso en el sentido de aproximar la política del presidente a las ideas liberales”.

A las privatizaciones de empresas públicas siguió la desregulación de mercado junto con la paridad cambiaria de la convertibilidad. A la vez que se eliminaron los derechos de exportación, y los organismos de control como la Junta Nacional de Granos, y la de Carnes. Pero acorde pasaban los años en la década del noventa el malestar del ruralismo no se aplacó, pese al apoyo generalizado sobre el “modelo”.

Los nuevos reclamos apuntaban en la dirección de una desprotección del Estado ante la caída de precios internacionales ―dejados de lado brevemente a mediados de la década por una suba en el precio de los granos― frente a un aumento de los costos que en materia de insumos, principalmente el gasoil, y el esquema de la triple imposición en materia tributaria.

Para 1999 las críticas al sistema de paridad cambiaria abundaban en buena parte de la producción nacional, en la que también se incluía el ruralismo. Entre el 19 y el 21 de abril de ese año la SRA, CRA, la FAA, Coninagro, declararon una medida de fuerza conjunta. “Más que un paro una voz que dice: ¡BASTA!” era la consigna de la entidad que hoy preside Mario Llambías.

Carlos Menem no tardó en responder. “El campo tuvo periodos muy buenos, y no sé cuáles son los aportes lógicos que le hicieron al país teniendo en cuenta que si hay un sector que es evasor por excelencia es el campo”, decía pocas semanas después de la protesta ruralista en una nota publicada en el matutino La Nación.

“Lamento tener que decir esto ―continuaba Menem― pero este es el único gobierno que eliminó las retenciones a las exportaciones, que eliminó un montón de impuestos distorsivos a la actividad del campo y que más los apoyó en todo lo que hace a la infraestructura para poder sacar la producción de la Argentina”.

El entonces presidente se quejaba luego: “No puede ser que cuando viene un periodo más o menos malo, de vacas flacas, le estén reclamando al gobierno, una ayuda, un aporte. ¿Y el resto de la comunidad? ¿Con qué pude ayudar el gobierno a este sector? Con recursos del resto de la comunidad”, se autorespondía Menem frente a los reclamos ruralistas.

En esa disputa un estudio realizado por Coninagro pretendió mostrar el perjuicio del retraso cambiario derivado de la paridad uno a uno. Sidicaro señala que para la entidad “el sector agropecuario había dejado de recibir 82 mil millones de pesos” como consecuencia de la convertibidad.

Los argumentos empleados por la entidad para afirmar la magnitud de sus pérdidas resultan llamativos, diez años después cuando existe un conflicto entre el ruralismo y otro gobierno peronista, donde las retenciones son el eje de la discusión.

Según relata Sidicaro la perspectiva de la entidad “restaba importancia a la supresión de las retenciones a las exportaciones, pues el monto total no recibido por el efecto del retraso cambiario era igualado a la aplicación de derechos de exportación del orden del 40%”.

Coninagro realizaba la comparación en su estimación a partir del promedio del valor del dólar en el mercado libre de cambios entre 1980 y 1991, momento en que comienza la convertibilidad, y de allí calculaba una paridad a valores de 1999 de 1,68 pesos por dólar.

“Con independencia de los fundamentos de la estimación realizada por la entidad, es pertinente destacar que los empresarios del sector creían verosímil el cálculo, y de allí definían una posición contra la convertibilidad sin plantear su finalización y proponiendo soluciones intermedias fundadas en las bajas de los costos internos”, aclara el autor.

A una década de aquel planteo, el ruralismo se abroquela contra las retenciones y vuelve a argumentar situaciones de quebranto en una combinación de reducción de ingresos por los derechos de exportación y aumento de costos internos. Curiosamente frente a ellos hay ahora otro gobierno peronista que dice estar en las antípodas del modelo menemista.